La Contraloría General de la República tendría más poder sancionador contra los funcionarios que cometan corrupción administrativa, podrá multar hasta con 200 salarios mínimos y tendrá la facultad de recomendar la separación definitiva del cargo contra los servidores públicos que cometan faltas graves.

La propuesta está resumida en un proyecto que depositó el Poder Ejecutivo en el Senado con el que busca modificar la Ley 10-07 de la Contraloría General de la República y así "atacar la corrupción administrativa para que no toque las arterias del aparato administrativo del Estado".

De acuerdo con la iniciativa, la Contraloría tendrá el poder de sancionar a los funcionarios que falsifiquen documentos públicos, a los que destruyan o modifiquen registros y a los que se asocien con otros servidores para aprobar procedimientos que no cumplan con las normas.

El proyecto de ley establece nueve "faltas muy graves" con las que un funcionario podría ser sancionado e incluyen el ocultamiento de documentos que impidan que los auditores hagan su labor, realizar actos fraudulentos para operaciones prohibidas, empleo de maniobras para manipular equipos informáticos de control y vigilancia, no certificar órdenes de pago y solicitar, aceptar o recibir gratificaciones, dádivas o recompensas como pago por actos inherentes a su cargo.

Otras faltas que la Contraloría podrá castigar son el incumplimiento de recomendaciones que haga el órgano de control, inaplicar normas de control interno, resistirse o negarse a una auditoría, negarse a entregar datos que les sean solicitados y ocultar hechos que puedan perjudicar al Estado.