El Ministerio Público establece que los empleados de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General de la República: Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes y Rubén Darío Morbán Santana aprovecharon el acceso que tenían a la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes para eliminar y adulterar registros penales.

De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, fiscales, policías, empleados administrativos y de Migración de diferentes localidades del país eran los enlaces entre los interesados en desaparecer su pasado judicial y los borradores de fichas, quienes cobraban entre 8 y 30 mil pesos por el servicio ilícito.

Según el organismo de persecución, para maniobrar la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes editaban en la tabla Personas, el registro persona-documento, suprimiéndole dígitos a la cédula o agregándole otros, de tal manera que cuando se consultara el sistema que ofrece el servicio al ciudadano (Backoffice) y el Sistema de Inteligencia Criminal (SIC) con la cédula correcta no aparecieran sus registros penales.

Con esta práctica, el Ministerio Público detectó 8,406 registros de identidad con 12 dígitos y 8,552 con 10 dígitos para un total de 16,958 alteraciones de documento, donde el primer grupo repitió el último dígito.

El organismo indica que "criminales" de alto perfil se beneficiaron del servicio ilícito como el acusado de narcotráfico y de amenazar a la procuradora Miriam Germán Brito, Joel Ambioris Pimental García, alias "la J" y José Halminton Ureña, alias "Nino come mezcla".