La Fiscalía del Distrito Nacional pidió al Cuarto Tribunal Colegiado imponer 30 años de prisión y el decomiso de los bienes contra Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, acusado de asociarse para incorporar al sistema financiero recursos obtenidos por él en más de 15 años de operación en el narcotráfico.

Durante la exposición de las conclusiones, las fiscales litigantes Magaly Sánchez, Laura Vargas y María Silvestre presentaron a las juezas Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez más de mil pruebas materiales, testimoniales, documentales y periciales que, concatenadas, apoyan la acusación del Ministerio Público.

Durante la audiencia, el órgano de la acusación resaltó la incorporación de la sentencia condenatoria dictada por un tribunal en la provincia La Altagracia, lo que demuestra la reincidencia del encartado, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El escrito de acusación indica que Cordero Martínez se relacionaba directamente con coimputados para que estos, vinculados en empresas de fachada, le sirvieran para adquirir bienes y servicios, haciendo uso en muchos casos de identidades y documentos falsos.

Este entramado permitió al imputado agenciar y transferir productos financieros y colocar la titularidad a favor de uno u otro de sus colaboradores. Sin embargo, el uso, disfrute y disposición del bien, y su administración en la mayoría de los casos, se enlazaban con otros miembros de la red, lo que evidenciaba estrategias para impedir que las autoridades determinaran el origen de los fondos y el verdadero propietario.

El órgano de la persecución penal le atribuye a alias El Chino los delitos de asociación de malhechores, patrocinador de narcotráfico internacional y lavado de activos, sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal; los artículo 4, 5, 6 y 75, párrafo III, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos 3 (literales A, B, C), 4, 5, 7 (literal D), 8 (literal B), 18, 19, 21, 24, 25 y 27 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves

Santo Domingo - El colectivo que agrupa a todos los propietarios y conductores por aplicaciones,  denunciaron hoy que diversos sectores se han agrupado con el único fin de poner en ejecución su plan de desaparecer los servicios de taxis en plataformas digitales.

Odalis Vega, Presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones (ADOCAPPS) explicó que las últimas declaraciones de dirigentes sindicales adicionales a las últimas medidas anunciadas por el INTRANT,  tienen como único fin perjudicar a los miles de hombres y mujeres que trabajan día a día llevando el pan a su casa con el transporte privado de personas a través de las aplicaciones.

“Si hoy las plataformas digitales en nuestro país han tenido un auge, se debe a la pandemia y la alta tasa de desempleo, lo que ha llevado a que las personas busquen alternativas para generar ingresos”, dijo.

“Regular el servicio es válido, pero prohibir operar en una área para dejarle el mercado cautivo a los taxistas y que cobren 10 y 20 veces por encima del precio de mercado es un abuso. El usuario sabe eso y por eso busca alternativas de transporte en las plataformas”. expresó

Dijo que los conflictos que a diario se están suscitando entre taxistas tradicionales y conductores de aplicaciones, van a generar una tragedia.

Hizo un llamado al INTRANT para que convoque a un diálogo entre las partes y se llega a un consenso en ese sentido.

ADOCAPPS, es el gremio que agrupa a propietarios y conductores de las diversas aplicaciones digitales: Uber, DiDi, Indriver, entre otros.

Tras acoger la solicitud del Ministerio Público de Hermanas Mirabal  una jueza de instrucción impuso tres meses de prisión preventiva en contra de tres miembros de una familia a quienes se les atribuye dar una golpiza a otro hombre en la localidad Arroyo Seco del municipio Tenares.

La jueza Yudelka de León dispuso que Virgen Martina Peña Fernández y su hermano Santo Cristino Peña Fernández, así como su hijo Carlos Peralta Peña, cumplan la medida de coerción en la cárcel pública Juana Núñez, de Salcedo, por los golpes causados a Jhongel Enmanuel Gil Portorreal.

De acuerdo con el auto acusatorio, presentado por el fiscal Pablo Orisis Molina Santos, el hecho se produjo el pasado 31 de octubre, cuando el imputado Santos Cristino Peña Fernández se presentó en la casa donde se encontraba el nombrado Jhongel Enmanuel Gil Portorreal Alberto y, sin mediar palabras, lo atacó a puñetazos en la cara, tras lo cual emprendió la huida.

Señala que dos horas más tarde, el señor Santos Cristino Peña Fernández regresó conjuntamente con su hermana Virgen Martina Peña Fernández, quien tomó un tubo de bicicleta y comenzó a golpear a Gil Portorreal, mientras que Carlos José Peralta Peña también le propinaba golpes.

Las agresiones provocaron a la víctima un trauma en el muslo derecho con fractura de cadera derecha, curable en 50 días, de acuerdo con el certificado médico legal, emitido por un legista de esta demarcación.

El Ministerio Público indicó que los imputados violaron los artículos 265, 266, 309 y 310 del Código Penal Dominicano, que tipifica la asociación de malhechores, así como la agresión con golpes y heridas.

En la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, el fiscal actuante presentó los elementos de pruebas testimoniales y documentales que sustentan la investigación.

 

En torno a este hecho, el fiscal titular de la Fiscalía de Hermanas Mirabal, Edward Andrés Núñez-Merette, sostuvo que este tipo de agresión demuestra el grado de intolerancia y la falta de convivencia de las personas que no respetan los criterios y creencias de los demás; por lo que dijo que estos hechos violentos siempre encontrarán respuesta de parte del órgano de la persecución penal.

Tras acoger la solicitud del Ministerio Público de Hermanas Mirabal  una jueza de instrucción impuso tres meses de prisión preventiva en contra de tres miembros de una familia a quienes se les atribuye dar una golpiza a otro hombre en la localidad Arroyo Seco del municipio Tenares.

La jueza Yudelka de León dispuso que Virgen Martina Peña Fernández y su hermano Santo Cristino Peña Fernández, así como su hijo Carlos Peralta Peña, cumplan la medida de coerción en la cárcel pública Juana Núñez, de Salcedo, por los golpes causados a Jhongel Enmanuel Gil Portorreal.

De acuerdo con el auto acusatorio, presentado por el fiscal Pablo Orisis Molina Santos, el hecho se produjo el pasado 31 de octubre, cuando el imputado Santos Cristino Peña Fernández se presentó en la casa donde se encontraba el nombrado Jhongel Enmanuel Gil Portorreal Alberto y, sin mediar palabras, lo atacó a puñetazos en la cara, tras lo cual emprendió la huida.

Señala que dos horas más tarde, el señor Santos Cristino Peña Fernández regresó conjuntamente con su hermana Virgen Martina Peña Fernández, quien tomó un tubo de bicicleta y comenzó a golpear a Gil Portorreal, mientras que Carlos José Peralta Peña también le propinaba golpes.

Las agresiones provocaron a la víctima un trauma en el muslo derecho con fractura de cadera derecha, curable en 50 días, de acuerdo con el certificado médico legal, emitido por un legista de esta demarcación.

El Ministerio Público indicó que los imputados violaron los artículos 265, 266, 309 y 310 del Código Penal Dominicano, que tipifica la asociación de malhechores, así como la agresión con golpes y heridas.

En la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, el fiscal actuante presentó los elementos de pruebas testimoniales y documentales que sustentan la investigación.

 

En torno a este hecho, el fiscal titular de la Fiscalía de Hermanas Mirabal, Edward Andrés Núñez-Merette, sostuvo que este tipo de agresión demuestra el grado de intolerancia y la falta de convivencia de las personas que no respetan los criterios y creencias de los demás; por lo que dijo que estos hechos violentos siempre encontrarán respuesta de parte del órgano de la persecución penal.

Miembros preventivos y de investigaciones criminales de la Policía Nacional recuperaron este lunes dos yipetas, cuyos ocupantes dejaron abandonadas, durante tenaz y ardua persecución, en los municipios San Fernando y Las Matas de Santa Cruz, de esta provincia.

Los vehículos recuperados son el jeep Grand Cherokee Limite 4X4, color negro, placa G404568, chasis 1C4RJFBG1EC422205 y la jeppeta Toyota, modelo Highlander Limited, chasis JTEDS42A882005628, placa G279478, del 2014 y 2008, respectivamente.

Según informaciones preliminares, los ocupantes de la Grand Cherrokee, rentada en la ciudad de Santiago de los Caballeros por Starlin Javier Mejía Mata, y que lograron escapar, se dedican a estafar bancas de lotería, por lo que se activa su localización para apresarlo y establecer responsabilidades.

En tanto que, al otro vehículo abandonado en la sección La Orca de Las Matas de Santa Cruz, se le daba seguimiento desde la ciudad de Santiago, conforme a informaciones de la División de Vehículos Robados de dicha localidad, a donde será enviado para los files legales correspondientes.

Una multitud atrapó y golpeó a un joven que atracó a un mensajero de “Caribe Express” a punta de pistola, a quien despojó de la suma de 197 mil 650 pesos en efectivo, en un hecho ocurrido en horas de la mañana de este lunes, en el distrito municipal de Maizal, en Valverde Mao.

Se trata de Adony Ventura, de 23 años, residente en el barrio El Paraíso, de esta localidad, quien fue entregado a una patrulla preventiva de la Policía Nacional, junto a un arma de fuego, un cargador para la misma con dos cápsulas calibres 9mm., y la motocicleta en la que se desplazaba.

En cuanto al dinero recuperado, le fue entregado por la multitud al mensajero José Miguel Acevedo, quien posteriormente dio detalles de lo acontecido a los investigadores policiales.

El arma ocupada, es  una la pistola marca Sig Sauer, serie número 57C005331, así como la motocicleta marca Tauro, color negro, sin placa, chasis TARPCM50XM000834, que están siendo depuradas en los archivos policiales para determinar su procedencia.

Puerto Príncipe,  (EFE) - Estados Unidos advirtió este martes que la comunidad internacional no irá "al rescate" de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas.

Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la Lucha contra el Narcotráfico, Todd D. Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe.

Anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití.

"Al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, dijo.

"Va a ser la Policía haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el país", aseveró Robinson.

No obstante, Robinson, quien encabeza la tercera delegación de alto nivel enviada por Washington a Haití desde finales de septiembre, aseguró que la seguridad en Haití es una "prioridad" para la Estados Unidos.

NADA DE TROPAS

Ante preguntas de la prensa, Robinson afirmó que no tiene "ninguna información" sobre el envío de tropas estadounidenses a Haití o a la vecina República Dominicana.

También matizó las declaraciones realizadas hace dos semanas por la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki sobre la posibilidad de que EE.UU. apoye a la Policía de Haití en su intento de abrir corredores seguros para permitir el reparto de combustible, que ha sido interrumpido por los bloqueos que imponen las bandas armadas.

Robinson aclaró que el compromiso de Estados Unidos es trabajar con las autoridades haitianas "en general".

Descartando de forma tácita el despliegue de fuerzas de seguridad sobre el terreno.

VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA

El anuncio más concreto fue la donación de 60 vehículos a la Policía Nacional para enfrentar a las bandas armadas, que han multiplicado sus ataques desde comienzos de septiembre, aprovechando la inestabilidad política agravada tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, cometido el 7 de julio pasado.

De esos vehículos, 19 fueron entregados "recientemente" a la Policía haitiana y el resto llegarán "en los próximos meses", según palabras de Robinson.

Además, "en los próximos días" se entregarán 200 equipos de protección a los agentes que están en la primera línea del combate contra las bandas.

Las pandillas son responsables de secuestros, asesinatos, robos y violaciones que atemorizan a la población y desde mediados de septiembre han causado una crisis de desabastecimiento de combustible, con sus ataques a los camiones cisterna e imponiendo bloqueos de carreteras.

ESTADOUNIDENSES SECUESTRADOS

Washington sí envió a Puerto Príncipe un equipo del FBI para tratar el caso del secuestro de un grupo de misioneros y sus familias, 16 de nacionalidad estadounidense y otro canadiense.

Robinson dijo que no tiene nuevas informaciones sobre el secuestro de los misioneros, que fueron raptados el pasado 16 de octubre cuando regresaban a casa después de visitar un orfanato en las afueras de la capital haitiana.

No obstante, garantizó que Estados Unidos colabora estrechamente con las autoridades locales con el propósito de llevar a casa lo antes posible a sus ciudadanos.

Esta es la tercera delegación de alto nivel de Estados Unidos que visita Haití desde finales de septiembre.

La subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, viajó a Haití el pasado 12 de octubre para tratar de la cuestión de la inseguridad.

Dos semanas antes, el asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, Juan González, encabezó otra delegación a Puerto Príncipe, destinada a tratar la crisis migratoria que también tiene a Haití en su centro.

Madrid, España El Gobierno de Chile ha rechazado este martes la aprobación de la acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por parte de la Cámara de Diputados, mientras que han acusado a la oposición de un "'show' mediático" que tenía fines "electorales y no legales". El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, y el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, han sido los primeros en reaccionar a la decisión de la cámara baja del Parlamento. "Estamos tistes por lo que hemos visto, un show político y un show mediático, muy doloroso para la democracia, más que para el Gobierno, para Chile, para su futuro", ha lamentado Ossa, en referencia a los intentos de la oposición por garantizar que la acusación tuviera los votos. "Lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto", ha reprochado, en este sentido. Para eso, el diputado Jaime Naranjo pronunció un discurso de más de 15 horas en una sesión maratoniana en la que la oposición ha llevado a cabo diferentes estrategias para asegurarse de que todos los diputados estuvieran presentes, como en el caso de Giorgio Jackson, cuya cuarentena por contacto estrecho con un positivo acababa a la medianoche del martes. "Duró 14 horas pero que no dijo nada, no dio ningún argumento, si no que ratificó las falsedades", ha arremetido, por su parte, Bellolio, que ha contrapuesto la argumentación de Naranjo con la del abogado del presidente, Jorge Gálvez, quien en cinco horas dio "argumentos, razones, que desarmaron hasta dejar en ridículo y en absurdo lo que se suponía que era una acusación constitucional", ha matizado, recoge Radio Bío Bío. El proceso "daña a la democracia, profunda e irreparablemente", ha continuado Bellolio, que también ha afeado a la oposición que "no era una acusación que tenia términos jurídicos, sino que era, simplemente, electoral". Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones ha concluido la maratoniana sesión que arrancó el lunes con la exposición de la acusación, expuesta por Naranjo, cuyo discurso se ha extendido durante más de 15 horas, a la espera de la llegada del también diputado Giorgio Jackson a la Cámara, cosa que sucedió pasada la 1.00 de la madrugada (hora local) después de que acabara su confinamiento por contacto estrecho con un positivo por COVID-19. Las perspectivas de la oposición no eran favorables al arrancar el proceso acusatorio, con preocupación por si Naranjo no era capaz de alargar su discurso y, por tanto, no se conseguían los votos necesarios, un pronóstico que empeoró cuando el diputado Jorge Sabag, del Partido Demócrata Cristiano, anunciaba por la tarde que se acababa de someter a una prueba PCR y que no se encontraba bien, por lo que no podría asistir. La votación solo podía tener lugar presencialmente, no había opción de asistir virtualmente. No obstante, y a pesar del éxito que ha logrado la oposición en la Cámara de Diputados, el propio Naranjo ha reconocido que el escenario en el Senado es totalmente diferente, aunque se ha mostrado tranquilo al respecto para asegurar que aunque "es difícil conseguir los votos", tienen "fe y esperanza" en convencer a los senadores. El texto acusatorio, presentado por la oposición después de que la Fiscalía abriera una investigación contra Piñera, consta de dos parte, una en la que se acusa al mandatario de incurrir en faltas graves a la probidad y la otra que defiende que las acciones de Piñera pusieron en tela de juicio del honor del país. La publicación de los Papeles de Pandora, fruto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha provocado revuelo en el país por la revelación de que el presidente podría estar implicado en posibles infracciones fiscales. Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial. La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.